Hablamos con Vicent Martí-agricultor de Alboraia(València). Recibimos con alegría la noticia q acaba d retirarse el proyecto q en forma d carretera amenazaba 80 campos agrícolas. Nos describe en que consistía este proyecto y la riqueza natural y forma d vida constantemente amenazada x el mal llamado progreso.
La Diputació de València projecta una variant de la CV-311 que travessaria 80 camps d’alt valor ecològic i social
divendres 25 de gener de 2013, per AE-Agró
Convocats per l’agricultor ecològic Vicent Martí, este dijous 24 de gener, desenes de ciutadans es van concentrar a l’horta d’Alboraia. El seu objectiu era mostrar el rebuig de la societat civil a la nova carretera que la Diputació de València pretén construir entre esta localitat de l’Horta Nord i la veïna Almàssera. Este nou vial, projectat com una variant de la CV-311 al seu pas per Tendetes, afecta directament a 80 camps d’alt valor ecològic i social, motiu pel qual Acció Ecologista-Agró es va sumar a este acte en defensa de l’horta, un patrimoni de tots els valencians que cal protegir pam a pam.
Una vegada més, l’horta torna a estar en perill. I de nou l’amenaça ve per carretera. En un context econòmic de crisi, on les administracions públiques no paren d’aplicar retallades en sanitat, educació, accés a la justícia, solidaritat, transports públics, cooperació... i per descomptat en la conservació de la nostra natura, la Diputació de València pretén malbaratar els diners de tots amb una variant de la CV-311 al seu pas per Tendetes, entre els termes municipals d’Alboraia i Almàssera, en ple cor de l’horta periurbana de la Capital del Túria.
Este nou desficaci es troba en la fase de participació pública del seu estudi d’integració paisatgística i afectaria a 80 camps. Concretament a un espai d’horta protegida pels plans urbanístics d’Alboraia i Almàssera i, a més a més, catalogada com "d’alt valor ecològic i patrimonial" segons el propi Pla d’Acció Territorial de l’Horta de València, que actualment es troba en tramitació.
Amb esta nova carretera, que inclou també un carril-bici, es pretén descongestionar el trànsit en la CV-311, que connecta els pobles d’Alboraia, Almàssera i Meliana amb l’autovia V-21. Tanmateix, hi ha alternatives menys danyoses per a l’horta i la butxaca dels ciutadans que la proposada per la Diputació de València. Per exemple, modificar l’encreuament d’estos vials en Tendetes i senyalitzar-lo correctament o potenciar el transport públic i aplicar polítiques per a pacificar el trànsit.
Per això, per a denunciar esta nova barrabassada contra el territori, este dijous 24 de gener, desenes de ciutadans van visitar la zona afectada. Convocats per l’agricultor ecològic Vicent martí, tot un referent i un símbol de la defensa de l’horta, representants d’Acció Ecologista-Agró, Per l’Horta, els grups de consum i d’altres entitats de la comarca, polítics com Mònica Oltra, el Síndic de la Séquia de Rascanya, destacats membres de la Societat Espanyola d’Agricultura Ecològica com María Dolores Raigón i Josep Luis Porcuna i enginyers de camins de la talla del professor de la Universitat Politècnica José Luis Miralles van mostrar el seu rebuig a esta nova carretera i el seu recolzament als llauradors i veïns afectats. Perquè, com va dir Vicent Martí, "l’horta és nostra i de vostés" i ara hem de treballar tots junts per a aturar esta carretera que posa en perill, una vegada més, la seua supervivència.
Rescatamos un artículo del 2001 y recomendamos la visión del documental "A tornallom".http://www.youtube.com/watch?v=rPC5D9msKGo
La Huerta de la Punta, en Valencia: Breve resumen de la Historia de una lucha ecologista 25/04/01
La huerta de La Punta estaba calificada en el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia como Suelo No Urbanizable de Especial Protección, pero el Puerto de Valencia concibió la idea de hacerse con ese amplio territorio - más de 700.000 metros cuadrados- a buen precio. Por encima de los intereses generales, por encima de los legítimos derechos de los propietarios, durante muchas generaciones, de la tierra, están los intereses de la Autoridad Portuaria. Así ha sido -véase lo ocurrido con las ampliaciones del puerto a costa de las playas- y así continúa siendo.
La excusa: la imperiosa necesidad de la ubicación de una Zona de Actividades Logísticas (ZAL). Los argumentos expuestos -ahí están las hemerotecas- fueron:
La ZAL es imprescindible para ganar a Barcelona. Sin una ZAL el Puerto de Valencia no es competitivo. No hay otra posible ubicación que la de La Punta.
Sin embargo, los años transcurridos han demostrado la falacia:
Los beneficios del Puerto han continuado su incremento año tras año, sin la ZAL. El tráfico ha continuado creciendo año tras año, sin la ZAL. Hay espacios portuarios sin utilizar. Hay otros espacios portuarios a los que se pretende dar un uso lúdico que nada tiene que ver con lo estrictamente portuario -otra vez la enfermiza obsesión por competir con Barcelona, ¿o es emular a Barcelona?- y, por último, la reclamación -exigencia, más bien, a tenor de sus habituales prácticas- por parte de la Autoridad Portuaria de más de un millón de metros cuadrados para una ZAL en el Puerto de Sagunto.
Como de lo que se trataba era de especular y de autofagocitar patrimonio natural y cultural, consiguieron una aliada imprescindible, la Alcaldesa de Valencia, que realizó una vergonzosa y vergonzante modificación del PGOU. Lo que era -según el anterior Plan- un valioso paisaje productivo y un pulmón verde para la ciudad pasó a ser un solar a disposición del Puerto. A continuación, la Alcaldesa puso en marcha toda la maquinaria burocrática contra la resistencia de vecinas y vecinos a desprenderse de sus propiedades y, en muchos casos, medios de vida y puso en marcha, además, toda una serie de mecanismos que pueden calificarse, sin exageración, de guerra sicológica. Un día una máquina derriba una alquería, otro la policía municipal comunica un nuevo derribo, otro se intenta coaccionar a un vecino para que venda, otro se anuncia un inminente desalojo, ...
El resultado: hace años que nadie duerme tranquilo en La Punta, cualquier pequeño ruido rompe la duermevela o provoca sueños de excavadoras conducidas por la Alcaldesa; el consumo de tranquilizantes se ha disparado; los tratamientos sicológicos se han multiplicado preocupantemente.
A todo esto, la Asociación de Vecinos llevando un abrumador trabajo ante los Tribunales. Pero ya sabemos, -nadie puede ignorar- la Justicia es, en estos casos, lentísima, la Justicia no está tratando por igual a todos, la Justicia no está por igual al servicio de todos.
Mientras tanto, irrumpe un nuevo protagonista, Iberdrola, que intentó ubicar una subestación sobre suelo protegido obteniendo, en primera instancia, una Declaración de Impacto Ambiental negativa y que lo consiguió posteriormente, con la reclasificación del suelo ya perpetrada, por supuesto sin ningún estudio de alternativas tal como exige la ley.
A partir de aquí siguen las enseñanzas de la Autoridad Portuaria. Ésta ejecutó una ampliación del puerto sin una correcta Evaluación de Impacto Ambiental, a continuación planteó que para rentabilizar la ampliación necesitaban una ZAL, después explicó que los nuevos muelles y la futura ZAL demandaban un acceso ferroviario y un acceso en carretera por el norte. Estamos expectantes, seguro que con eso no han acabado: para la Autoridad Portuaria la pregunta ¿cuánto es suficiente? carece de sentido.
La interpretación de Iberdrola sigue un guión plagiado. Ahora tengo una subestación que necesita unas torres. ¿Alternativas?: no se plantean, no las ofrecen, no las quieren. Una vez tengan las torres necesitarán un tendido aéreo. ¿Qué éste pasará por encima de viviendas habitadas?: ningún problema, ya echarán a las personas. La, a todas luces, excesiva contundencia de la actuación policial contra los vecinos y ecologistas que, pacíficamente, con la palabra como única arma, se oponían a los intereses de Iberdrola les ratifica en que no les hace falta el tener razón si tienen la fuerza y si, además, la fuerza es especialmente bruta.
Hasta aquí una magnífica lucha de vecinas y vecinos no por dinero, no solamente por sus propiedades, sino por medios de vida heredados de sus padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos; por sentimientos, por raíces familiares, por recuerdos, ..., algo que descoloca, deja fuera de juego a Alcaldesa, Autoridad Portuaria, Iberdrola y compañía: no todo se compra con dinero.
Pero ¿qué pasa con el resto de la sociedad valenciana?. Afortunadamente, comienza a abrirse paso con firmeza una opinión favorable a la conservación de La Huerta, una opinión cada vez más mayoritaria y que se expresa de diversas formas:
Colectivos de profesores de las dos Universidades de Valencia editan libros con argumentos en defensa de La Punta. El Consell Valencià de Cultura emite un dictamen sobre la Conservación de la Huerta de Valencia que concluye que las Cortes Valencianas y el Gobierno valenciano tienen la capacidad necesaria para definir y aplicar urgentemente un marco legal para la creación de un organismo supramunicipal e interinstitucional que elabore e implemente un plan de protección de la Huerta de Valencia con el apoyo del máximo consenso social posible y busque garantizar la viabilidad de los usos agrícolas y derivados de este medio humano productivo. Se pone en marcha -está en plena fase de recogida de firmas- una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que llevará a las Cortes Valencianas un proyecto de ley para planificar la conservación y regeneración de la huerta y el fomento de la agricultura, dignificando el trabajo de los labradores y mejorando la comercialización de los productos e impulsando otras actividades económicas respetuosas con el medio y toda una serie de medidas de recuperación medioambiental.
En suma, toda un conjunto de mecanismos democráticos que los responsables políticos desoyen, cuando no desprecian. ¿Es mucho pedir que esperen al debate en las Cortes Valencianas de la ILP para continuar con su destrucción de la huerta?
En las Cortes tienen mayoría, pero también la obligación, al menos moral, de explicar su idea de progreso, sus propuestas de desarrollo insostenible.
Reclamamos una moratoria respecto a la ocupación de la huerta al menos hasta el debate en las Cortes del proyecto presentado por Iniciativa Legislativa Popular.
València, abril de 2001
VÍCTOR NAVARRO MATHEU
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